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La derogación de la obediencia debida y el punto final



14 de junio de 2005


La justicia llegó 29 años después


La derogación de la obediencia debida y el punto final


“La impunidad, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final ylos indultos son, en lo inmediato, la renuncia a la sanción penal a losvioladores de los derechos humanos, y sus consecuencias afectan a la sociedad en su conjunto Es la institucionalización de la injusticia porquienes están llamados a hacer justicia"
                                                       Alfredo Bravo





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El martes la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto final. La normativa, que liberara de culpa y cargo a centenares de represores que actuaron durante los años de plomo, reabre la posibilidad de juzgar a quienes escribieron con sangre ajena la página más dolorosa de la historia de nuestro país. Ya en 1951, el fiscal alemán Fritz Bauer, en un juicio contra los nazis desarrolló toda una tesis que fue aceptada por los juristas de todo el mundo: que no se pueden perdonar los crímenes de lesa humanidad “por obediencia debida” ni por ningún “punto final”. Y más todavía, todos los acusados de Auschwitz en el proceso de Francfort basaron su defensa en un único punto. Precisamente “cumplimos órdenes” de manera que los legisladores argentinos que la aprobaron usaron los mismos argumentos que los bestiales criminales del Holocausto.

LOS PANUELOS BLANCOS
Un grupo de madres —primero--abuelas e hijos —después— piden, desde hace 29 años, juicio y castigo a los culpables, y todos sabíamos de qué hablaban. Los crímenes con o sin sentencia, cuyo pro-ceso judicial no ha satisfecho de todas maneras la revelación de la verdad, son considerados impunes. Algunos de esos mojones de impunidad, devenidos en obstáculos, fueron parcialmente sorteados en los últimos tiempos. Los causas por apropiación de menores y usurpación de identidad, no contempladas en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, abrieron nuevos senderos a través de los cuales fue posible condenar a los principales responsables del mayor genocidio de nuestra historia. El proyecto original para la derogación de las leyes del horror salieron desde el Congreso a instancias de Izquierda Unida (Patricia Walsh). Este era unívoco y contundente: Derogar por inconstitucionales y declarar “insanablemente nulas” las leyes 23.492 (Punto Final) y 23.521 (Obediencia Debida) sancionadas bajo el gobierno de Raúl Alfonsín y los decretos 1002 a 1005/89 y 2741 a 2746/90 (Indultos a altos jefes militares y líderes montoneros bajo el gobierno de Carlos Menem, anulando todos los fallos judiciales de sobreseimiento o absolución en c ellos inspirados. Al mismo tiempo, reabría el proceso de quienes no tuvieran resolución judicial antes del dictado de esas leyes y restablecía las penas originariamente impuestas a los condenados en forma previa a los indultos como tránsito a una supuesta reconciliación nacional. Antes bien, ese mismo transcurso del tiempo actuaría
como un elemento confirmatorio j de que jamás se podrá lograr ningún tipo de “reconciliación” por el hecho de renunciar a las faculta- i des punitivas del Estado, generando en la sociedad la sensación de que está garantizada la impunidad para los grupos más oscuros. Ello no podría dar luz a otra cosa que más violencia.
Hoy, 29 años después. del golpe militar y a la luz de lo acontecido durante esta semana, quedó lo suficientemente claro que no se encontraban cerradas en absoluto las heridas de los familiares de las víctimas ni, mucho menos, “reconciliados” los protagonistas de la represión ilegal para con la sociedad. Las heridas del pasado no permitieron esta vez que otro “olvido” las dejara sin cerrar. Finalmente afloraron, sangrantes y nítidas. Y si de reconciliación se trata, la misma no devendrá jamás desde otro lugar que el de la verdad y la justicia, no pudiendo cimentarse ninguna paz social sobre la impunidad de quienes destruyeron la vida de una generación, ni contando como aliada para ello con la amnesia de la sociedad que los viera nacer.

JUSTICIA TUERTA
PERO NO CIEGA
Con el voto favorable de siete de sus nueve miembros, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las normas conocidas como “Punto Final” y “Obediencia Debida”, algo reclamado durante casi tres décadas por las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Las leyes, dictadas en la década de los años 80, libraron de responsabilidad a más de un. millar de militares y policías implicados en delitos de lesa humanidad y violaciones
de los derechos humanos perpetrados durante la dictadura. La resolución de la CSJ abre la posibilidad de que sean enjuiciados entre 500 y 1.000 represores, de los cuales muy pocos siguen en actividad; la mayoría de los jefes de la última dictadura están ya en prisión por el robo y cambio de identidad de hijos de desaparecidos, un delito que había sido expresamente excluido de las leyes del perdón.
Demasiada grande fue la sangría, demasiado perverso fue el genocidio, demasiado tenaz fue la lucha por la memoria sostenida desde abajo por los familiares de los desaparecidos, los propios torturados, los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, los partidos de izquierda, la juventud y los trabajadores. Cada hijo de desaparecido recuperado por sus familiares fue conseguido mediante la investigación independiente. En ninguno de los casos fue el poder judicial el que motorizó las búsquedas. En el mismo sentido, si hoy algunos genocidas cumplen arrestos en sus lujosos hogares, es porque abogados de los organismos de derechos humanos demostraron que el secuestro de esos niños —que aún hoy siguen sin conocer su identidad— es un delito que se sigue cometiendo, y por lo tanto, no se limita a los crímenes perpetrados durante la dictadura, para los que garantizaron la más completa impunidad.
El Parlamento aprobó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 1986 y 1987, mientras el Gobierno que presidía Raúl Alfonsín era presionado por rebeliones militares por las citaciones judiciales de miembros de las Fuerzas Armadas. Una democracia realmente plena y verdadera no se pude construir en base a la impunidad; entonces, todo lo que dejaron las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y también el indulto, generaron un espacio tremendo de impunidad y, de ahí en más, gran parte de la injusticia que se vive hoy es producto de esa cuenta que no estaba cerrada, no saldada, que había quedado como una haga, una herida abierta y hasta que no haya realmente castigo a los culpables, la sociedad seguirá sin cerrar sus heridas.
Para finalizar, bien vale recordar el prólogo del libro Nunca Más: “...Las grandes calamidades son siempre aleccionadora, y sin dudas el más terrible drama qué en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en
marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Unicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MAS en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado”.
                                                                                            HORTENSIA MAGGI
  Fuente: Diario "La Arena" Secc Opinión- Viernes 17 de junio - 2005


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