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La
derogación de la obediencia debida
y el punto final
14
de junio de 2005
La
justicia llegó 29 años después
La derogación de la obediencia debida
y el punto final
“La
impunidad, las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final ylos indultos son, en lo inmediato,
la renuncia a la sanción penal a
losvioladores de los derechos humanos, y
sus consecuencias afectan a la sociedad
en su conjunto Es la institucionalización
de la injusticia porquienes están
llamados a hacer justicia"
Alfredo
Bravo
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El
martes la Corte Suprema de Justicia de
la Nación resolvió la nulidad
de las leyes de Obediencia Debida y de
Punto final. La normativa, que liberara
de culpa y cargo a centenares de represores
que actuaron durante los años de
plomo, reabre la posibilidad de juzgar
a quienes escribieron con sangre ajena
la página más dolorosa de
la historia de nuestro país. Ya
en 1951, el fiscal alemán Fritz
Bauer, en un juicio contra los nazis desarrolló
toda una tesis que fue aceptada por los
juristas de todo el mundo: que no se pueden
perdonar los crímenes de lesa humanidad
“por obediencia debida” ni
por ningún “punto final”.
Y más todavía, todos los
acusados de Auschwitz en el proceso de
Francfort basaron su defensa en un único
punto. Precisamente “cumplimos órdenes”
de manera que los legisladores argentinos
que la aprobaron usaron los mismos argumentos
que los bestiales criminales del Holocausto.
LOS PANUELOS BLANCOS
Un grupo de madres —primero--abuelas
e hijos —después— piden,
desde hace 29 años, juicio y castigo
a los culpables, y todos sabíamos
de qué hablaban. Los crímenes
con o sin sentencia, cuyo pro-ceso judicial
no ha satisfecho de todas maneras la revelación
de la verdad, son considerados impunes.
Algunos de esos mojones de impunidad,
devenidos en obstáculos, fueron
parcialmente sorteados en los últimos
tiempos. Los causas por apropiación
de menores y usurpación de identidad,
no contempladas en las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida, abrieron nuevos
senderos a través de los cuales
fue posible condenar a los principales
responsables del mayor genocidio de nuestra
historia. El proyecto original para la
derogación de las leyes del horror
salieron desde el Congreso a instancias
de Izquierda Unida (Patricia Walsh). Este
era unívoco y contundente: Derogar
por inconstitucionales y declarar “insanablemente
nulas” las leyes 23.492 (Punto Final)
y 23.521 (Obediencia Debida) sancionadas
bajo el gobierno de Raúl Alfonsín
y los decretos 1002 a 1005/89 y 2741 a
2746/90 (Indultos a altos jefes militares
y líderes montoneros bajo el gobierno
de Carlos Menem, anulando todos los fallos
judiciales de sobreseimiento o absolución
en c ellos inspirados. Al mismo tiempo,
reabría el proceso de quienes no
tuvieran resolución judicial antes
del dictado de esas leyes y restablecía
las penas originariamente impuestas a
los condenados en forma previa a los indultos
como tránsito a una supuesta reconciliación
nacional. Antes bien, ese mismo transcurso
del tiempo actuaría
como un elemento confirmatorio j de que
jamás se podrá lograr ningún
tipo de “reconciliación”
por el hecho de renunciar a las faculta-
i des punitivas del Estado, generando
en la sociedad la sensación de
que está garantizada la impunidad
para los grupos más oscuros. Ello
no podría dar luz a otra cosa que
más violencia.
Hoy, 29 años después. del
golpe militar y a la luz de lo acontecido
durante esta semana, quedó lo suficientemente
claro que no se encontraban cerradas en
absoluto las heridas de los familiares
de las víctimas ni, mucho menos,
“reconciliados” los protagonistas
de la represión ilegal para con
la sociedad. Las heridas del pasado no
permitieron esta vez que otro “olvido”
las dejara sin cerrar. Finalmente afloraron,
sangrantes y nítidas. Y si de reconciliación
se trata, la misma no devendrá
jamás desde otro lugar que el de
la verdad y la justicia, no pudiendo cimentarse
ninguna paz social sobre la impunidad
de quienes destruyeron la vida de una
generación, ni contando como aliada
para ello con la amnesia de la sociedad
que los viera nacer.
JUSTICIA TUERTA
PERO NO CIEGA
Con el voto favorable de siete de sus
nueve miembros, la Corte Suprema de Justicia
declaró la inconstitucionalidad
de las normas conocidas como “Punto
Final” y “Obediencia Debida”,
algo reclamado durante casi tres décadas
por las organizaciones de defensa de los
derechos humanos. Las leyes, dictadas
en la década de los años
80, libraron de responsabilidad a más
de un. millar de militares y policías
implicados en delitos de lesa humanidad
y violaciones
de los derechos humanos perpetrados durante
la dictadura. La resolución de
la CSJ abre la posibilidad de que sean
enjuiciados entre 500 y 1.000 represores,
de los cuales muy pocos siguen en actividad;
la mayoría de los jefes de la última
dictadura están ya en prisión
por el robo y cambio de identidad de hijos
de desaparecidos, un delito que había
sido expresamente excluido de las leyes
del perdón.
Demasiada grande fue la sangría,
demasiado perverso fue el genocidio, demasiado
tenaz fue la lucha por la memoria sostenida
desde abajo por los familiares de los
desaparecidos, los propios torturados,
los organismos de derechos humanos, las
organizaciones sociales, los partidos
de izquierda, la juventud y los trabajadores.
Cada hijo de desaparecido recuperado por
sus familiares fue conseguido mediante
la investigación independiente.
En ninguno de los casos fue el poder judicial
el que motorizó las búsquedas.
En el mismo sentido, si hoy algunos genocidas
cumplen arrestos en sus lujosos hogares,
es porque abogados de los organismos de
derechos humanos demostraron que el secuestro
de esos niños —que aún
hoy siguen sin conocer su identidad—
es un delito que se sigue cometiendo,
y por lo tanto, no se limita a los crímenes
perpetrados durante la dictadura, para
los que garantizaron la más completa
impunidad.
El Parlamento aprobó las leyes
de Punto Final y Obediencia Debida en
1986 y 1987, mientras el Gobierno que
presidía Raúl Alfonsín
era presionado por rebeliones militares
por las citaciones judiciales de miembros
de las Fuerzas Armadas. Una democracia
realmente plena y verdadera no se pude
construir en base a la impunidad; entonces,
todo lo que dejaron las leyes de Obediencia
Debida, Punto Final y también el
indulto, generaron un espacio tremendo
de impunidad y, de ahí en más,
gran parte de la injusticia que se vive
hoy es producto de esa cuenta que no estaba
cerrada, no saldada, que había
quedado como una haga, una herida abierta
y hasta que no haya realmente castigo
a los culpables, la sociedad seguirá
sin cerrar sus heridas.
Para finalizar, bien vale recordar el
prólogo del libro Nunca Más:
“...Las grandes calamidades son
siempre aleccionadora, y sin dudas el
más terrible drama qué en
toda su historia sufrió la Nación
durante el período que duró
la dictadura militar iniciada en
marzo de 1976, servirá para hacernos
comprender que únicamente la democracia
es capaz de preservar a un pueblo de semejante
horror, que sólo ella puede mantener
y salvar los sagrados y esenciales derechos
de la criatura humana. Unicamente así
podremos estar seguros de que NUNCA MAS
en nuestra patria se repetirán
hechos que nos han hecho trágicamente
famosos en el mundo civilizado”.
HORTENSIA
MAGGI
Fuente:
Diario "La Arena" Secc Opinión-
Viernes 17 de junio - 2005
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